En el verano de 1936 se configuraron, en medio de una revolución social, dos poderes claramente definidos, que representaban cosas ciertamente diferentes: por un lado, el poder legal representado por el Gobierno de la Generalidad, exponente de la legalidad republicana, y a quien los acontecimientos sacudieron profundamente –igual que al Gobierno de la República– hasta el punto de perder buena parte de sus atribuciones, y por el otro, el poder real, representado por el Comité Central de Milicias y la multitud de poderes revolucionarios locales que, si bien no dirigieron su actuación en contra de los poderes legales de manera directa, en la práctica acabarían sustituyéndolos total o parcialmente según los casos.