Escenarios de criminalización post 15M.

                "Estamos hartos de que nos digan que la represión es democracia", Alguien del público.

Anaïs Franquesa abre su introducción contextualizando el surgimiento del colectivo del que hoy forma parte: Reraguarda en moviment. Explicita que el 29 marzo de 2012, día de huelga general significó un punto de inflexión en lo que hace a nuevas formas de criminalización y represión de la protesta. A partir de aquí, señala, varios vieron la necesidad de encontrar herramientas para enfrentarla y que no sea invisibilizada. Ahí nació Rereguarda.

Protesta o desobediencia entiende surge como respuesta a la ruptura del gran  pacto social que viene de la mano de la gestión hecha por las instancias de gobierno con privatización y recorte de derechos sociales.

Es bajo este marco de protestas donde surgen las propuestas de reforma del Código Penal, de la ley de seguridad ciudadana y de la ley de enjuiciamiento criminal que regula el procedimiento penal, de la ley de tasas y la la reforma de la ley del derecho al aborto como un corolario a este escenario de reformas que supondrá un cambio de paradigma. El populismo punitivo supone aumentar la mano derecha, estado policial, mientras se reduce la izquierda, el estado social. Es decir, la reducción del Estado a un estado policial. Estas reformas nos situan en un cambio de paradigma, en una dictadura encubierta legitimada por la forma democrática. Restricción no sólo a derechos sociales sino a derechos civiles y políticos (derecho de reunión manifestación, de libertad de expresión, libertad de opinión etc., lo que venía siendo entendido como el núcleo de la democracia) que son limitados de manera clara.

La charla esta divida en dos bloques: Por un lado una explicación de la reforma del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana desde el punto de vista de la criminalización de la protesta, partiendo de las reformas. Por otro lado explicar iniciativas que se están desarrollando en BCN.

1. Reforma del Código Penal: ver lo que se comentó en la primera sesión. Se eliminan las faltas y se sustituyen en casos por delitos leves y en otros pasan a ser sanción administrativa. El endurecimiento del código penal es argumentado, por parte del poder, como el último recurso y que por ello descriminalizan determinadas conductas. Por ejemplo, el atentado a la autoridad pasa de falta a delito o infracción administrativa (en este último caso no tienes antecedentes penales pero la autoridad pasa a tener la presunción de veracidad en manos del agente de autoridad, es decir supone una pérdida de garantías de demostración de inocencia y para presentar un recurso será necesario pagar una tasa judicial debido a la nueva ley de tasas). El cambio es total. En la práctica se verá un aumento de gente sancionada con multas, más o menos elevadas, que se verá ahogada financieramente. Esto se conoce como burorepresión o represión blanda. En ese sentido la eliminación de las faltas es desde este punto de vista, grave.

Dos grandes cambios que tienen que ver con la protesta, desobediencia o la disidencia e introducción de nuevas conductas que pasan a ser delito.

Uno de los principales cambios es el que remite al delito de atentado contra la autoridad. El delito de atentado contra la autoridad hasta ahora iene 3 planos distintos:

• Falta de respeto o desobediencia leve a la autoridad (esta desaparece y pasa a estar sancionado desde la LSC)

• Resistencia grave o desobediencia grave a la autoridad. La jurisprudencia, los juzgados, desarrolló que se entendía por resistencia grave y se veía incluso llegado a admitir el resistir a una detención e incluso dando algún golpe por accidente.

• Atentado contra la autoridad (agresión o resistencia activa grave). Entendiéndose aquí acomenter a la autoridad. Iniciar tú el agredir o intimidación grave. O los casos de resistencia activa grave.

El enunciado del delito se cambia. Se elimina el adjetivo de activa y grave. Y por lo tanto se podría pensar que ciertos tipo de resistencia más bien pasiva podrían entrar aquí. Se deja la puerta abierta. Ciertos tipos de resistencia (pasiva) podrían entraren el tipo penal número 3. En el caso del atentado contra la autoridad se aumentan las penas.

Otro delito que se modifica es el de desórdenes públicos: no se exigen conductas concretas ni colectivas como antes, sino que, una sola persona causando desorden puede criminalizar a todo el grupo. Es decir se introducen elementos confusos. Habría que ver que se considera acto violento. Y con la misma pena se penaliza Incitar a actos violentos, con toda la ambigüedad de la palabra incitar, también pasa a ser delito. ¿Qué significa incitar a actos violentos? ¿Mensajes por Tw o Fb?, pro ejemplo.

Por otro lado, se introducen nuevos tipos penales:

• Ocupación pacífica de entidades.

• Difusión de mensajes por las redes sociales.

• Interrupción de servicios aunque sean pacíficas.

2. Ley de seguridad ciudadana

Por un lado, la falta de garantías que supone estar en el orden administrativo (sanción, para acudir a un juez tendrás que pagarse tasas, dificultad de demostrar veracidad). Anaïs eñala cuatro bloques de lo que supone la reforma de la ley de seguridad ciudadana:

• Restricción libertad de expresión.

Se preveen 3 infracciones distintas. Nuevas infracciones leves que suponen un cambio de paradigma porque son las que realmente nos van a afectar. Con penas de multas que harán daño económico real y que implican cambios de paradigma porque su propio redactado está prohibiendo actuaciones que hasta el momento eran consideradas esenciales para una sociedad que se considere democrática. Se prohibe la manifestación por redes sociales o cualquier medio si tiene la finalidad de injuriar las instituciones o los agentes de la autoridad. ¿Qué se entiende por finalidad de injuriar? Infracciones graves: ofensas o ultraje a España. No se sabe muy bien en qué consiste la “ofensa”. También será infracción grave enviar mensajes con la finalidad de incitar a la alteración de la seguridad ciudadana.

• Restricción libertad de reunión y manifestación

Hay toda una serie de infracciones que unas recuerdan a acciones de de la PAH o de los Yayoflautas y otras que van al núcleo directo del derecho de reunión. Una de ella es que se considera infracción leve la celebración de reuniones no previamente comunicadas. Una manifestación pacífica pasa a ser ilegal. Es un efecto de acciones de la PAH o Yayoflautas. Inciso importante: toda manifestación estén o no comunidadas son legales, estén o no comunicadas(excepto las que se realicen portando armas o actos de disturbios fuerte o con uniformes paramilitares). Comunicar o no comunicar previamente una manifestación está previsto para facilitarte el derecho de reunión y no como límite al derecho de reunión. En la práctica ya se está multando participar en una concentración no comunicada pero utilizando otras vías de la ley de seguridad ciudadana(este es el caso de Madrid). Ejemplo por alterar el orden. De esta manera desincentiva la voluntad de ir a manifestaciones.

Otra sanción leve: entorpecimiento de la circulación peatonal comunicada o no la manifestación. Y recordemos la presunción de veracidad del agente que hace que el nivel de arbitrariedad sea enorme.

Otras sanciones graves: las reuniones o manifestaciones en infraestructuras críticas, perturbar la seguridad ciudadana en el Congreso, perturbar el orden en campaña electoral, convocar por cualquier medio a manifestaciones en periodos de reflexión. Hasta 30.000 euros. Restricción del derecho de reunión. Esto vacío de contenido el derecho de reunión y manifestación.

• Aumento potestades de los agentes de autoridad

A los agentes de autoridad se les amplían las potestades y facultades de dedicir cuando pueden disolver una reunión o manifestación. Hasta ahora sólo podían disolver si ponían en peligro la seguridad y lesión a las personas y daños graves. Ahora bastará con un mínimo riesgo a que se produzcan estas alteraciones. Pueden establecer zonas de seguridad. Y también controles para porhibir el paso. Y también pueden retener el paso. También inmovilizar. Esto lo hacían ya pero no estaba previsto o permitido.

• Promoción de la impunidad de la autoridad

La infracción que se prevee del uso de circular imágenes de agentes de la autoridad mientras ejerce una función si viola o atenta contra su intimidad. Esto significa que no se podrá probar, a través de vídeos y fotos, la implicación de un agente determinado en un abuso. Primera premisa ese agente está ejerciendo sus funciones en la esfera pública, no debería tener intimidad. Otra esfera es la distinta a la de ejercer la funció pública. ¿Para qué está previsto? Para evitar videos que muestren abusos en manifestaciones y puedas intentar demostrar que había sido agredida la persona. Y aún más porque los agentes no se suelen identificar de ahí la dificultad de que una denuncia prosperara. Grabar imágenes era la única prueba que podía demostrar el ser agredido. Con esta sanción se intenta dar un mensaje de que no sólo no se va a perseguir este delito sino que se te va a denunciar por intentar denunciar estos abusos de autoridad.

3. Iniciativas de denuncia ciudadana.

Redes de apoyo mutuo e iniciativas de intentar parar la reforma a través de denuncias. En Barcelona se está intentando mover una campaña (OSPDH, Reraguarda, etc.). Ya ha habido una reunión sobre la cuestión y se decidió un día grande de movilización: el 29 de marzo. Dado la fecha como punto de inflexión por la huelga general y por los tiempos de aprobación de las reformas.

Las artes de la desobediencia ciudadana y la resistencia pacífica.

                                "Nos han robado a mano armada pero no les tenemos miedo", Dolores (PAH).

Xavi Martinez (PAH Terrassa) abre su introducción con un claro posicionamiento frente al despliegue de reformas,  “estas reformas vienen de su miedo porque como ya hemos dicho muchas veces 'el miedo está cambiando de bando'”. Todas las movilizaciones, desde el 15M, que multiplicó espacios como la PAH e hizo proliferar formas de desobediencia civil y la resistencia pacífica, han debilitado aún más al régimen y consiguiendo pequeñas victorias. Las reformas son más una señal de su debilidad que de su fortaleza dado que este tipo de sanciones son para aplicar el miedo.

Frente a ello, por un lado, señalar, que este tipo de acciones ciudadanas (ocupaciones de banco, obra social) tienen el apoyo de la población en general y esas multas o sanciones a conductas o a acciones que cuentan con la aprobación de la sociedad, los coloca en una situación muy comprometida. Y a la vez, en caso de que estas acciones que cuentan con la aprobación de gran parte de la sociedad, se tornen masivas pues se les hará ingestionable las medidas que pretenden aplicar. Es decir, hay que partir de la base de que la movilización masiva ha de hacer ingestionables las nuevas normativas. Es el paso adelante que tenemos que hacer, es decir que seamos más quiénes usemos este tipo de herramientas de desobediencia.

Por otra parte, la contradicción entre legalidad y legitimidad. Las leyes, aún legales pero injustas, toda sociedad tiene derecho a desobececerlas. Ese es el caso de la PAH con lo que hace al derecho a la vivienda, un derecho humano universalmente reconocido. Un ejemplo es el pronunciamiento del parlamento europeo que ha declarado que las actuaciones de vivienda en el estado español son ilegales, sin embargo esta legislación se sigue aplicando con lo cual existe toda la legitimidad de seguir exigiendo y luchando para tumbarla.

Las herramientas que hemos utilizado hasta ahora, más otras que vamos a probar, son nuestro arsenal. Pasa a señalar distintas campañas de desobediencia durante estos cinco años que el 22 de marzo celebrará su quinto aniversario:

• Stop Desahucios

• ILP

• Obra Social

• Escraches

• Moción y sanción a bancos

• Rompemos por abajo

El primer desahucio que se paró hace tres años, en La Bisbal, ha traído la paralización de más de 1000 desahucios en todo el estado con la legitimidad y el apoyo social. La nueva normativa pretende frenar esta situación. Por otra parte, el Poder Judicial colabora interpretando las leyes que se aprueban en el Parlamento de la manera más restrictiva (poner deshaucios con fecha abierta para no poder pararlos, etc.).

La Plataforma no sólo utiliza como herramienta la desobediencia civil y la resistencia pacífica, sino que también se han puesto en práctica acciones como pueden ser las ILP acompañadas con presión en las calles entre otras. En el caso de la ILP última y la recogida de más de un millón y medio de firmas, fue acompañada con presión en la calle a esos cauces penales. Una de las cosas aprendidas es que sin la presión social, por los cauces que habilita el sistema actual no se consigue lo solicitado, sino que incluso se desprecia la reivindicación ciudadana. Ejemplo: si no se adminte a trámite la ILP, pues se convoca en las sedes del PP una denuncia ciudadana porque es allí, en la calle, donde está también la fuerza.

También en el marco de la campaña de la Obra Social se cometen ilegalidades, pero se siguen y seguirán haciendo porque se consideran legítimas. Es una campaña por visibilizar las viviendas vacías, pagadas por la ciudadanía, e incluso algunas pagadas dos veces en el caso de la SAREB. Es legítimo que si se ha tocado todas las puertas de las instituciones correspondientes para discutir sobre la emergencia habitacional en el marco de la crisis, y ni los políticos ni los bancos dan respuestas, se de un paso ciudadanos a buscar soluciones. No es la situación ideal vivir en una vivienda recuperada por eso se exige un parque de vivienda social y cuando se consigen son consideradas como pequeñas victorias ciudadanas. En síntesis, hay que recuperar las viviendas vacías.

En el marco de las campañas de escraches, hay muchas contradicciones. Por un lado gran parte de la población que presenció y estuvo activa en la campaña de escraches a políticos tienen aplicada multas administrativas, sin embargo por otro lado, en general la vía penal, e incluso el TSJM, declaró legales los escraches por ello se ha recurrido al orden administrativo para sancionar e intentar neutralizar la protesta. En esta contradicción es que multiplicidad de personas, se ven obligadas a pagar esas multas. La PAH por ejemplo a nivel estatal ya tiene más de 50.000 euros de deuda en multas en el marco de la campaña de escraches. Bajo la nueva ley, este tipo de actuaciones contemplan nuevas multas, por ello se vuelve a valorar fundamental que la masividad de estas prácticas permitirá que la ley se vuelva inoperativa.

En el momento actual en el que estamos se han abierto escenarios interesantes: las mociones y sanciones a bancos que tienen vivienda vacía. Lo que pide la PAH es que que se aplique una ley que está en vigor desde 2007 en Catalunya que permite que después de haber requerido a los bancos que cedan esa vivienda a los Ayutamientos para alquiler social o sean ellos mismos quienes pongan en alquiler social dicha vivienda vacía, se les aplique sanciones de no acometerse dicha actuación. Dado que es una medida antisocial, mantener dicha vivienda a la espera de un nuevo ciclo especulativo. Dicho esto y que varios ayuntamientos están iniciando procesos sancionadores hay que señalar que no es por ánimos de justicia social de parte de los políticos sino por presión y organización social. Ejemplo son los tres años que lleva la PAH Terrassa exigiendo al Ajuntament de Terrassa que aplique la ley. El ayuntamiento de Terrassa ha sido el primero en poner multas y lo han hecho a causa de la presión de la PAH y que han tenido que dar ese paso.

Lo bueno que tiene un movimiento como en este caso la PAH, que sólo en Catalunya cuenta con 67 plataformas y en el Estado más de 200, es que tenemos altos niveles de producción y organización. El ejemplo es que elaborada la moción para que se aplique la ley de vivienda y colgada en la red para que ningún partido político se la apropie, ya en cuestión de 40 días ya hay más de 117 ayuntamientos en las que se ha presentado y 90 ayuntamientos de Catalunya en la que se ha aprobado la moción propuesta por la PAH. Esto nos vuelve a colocar en el escenario de seguir presionando en la calle y desde abajo. En este caso, ahora comenzará el marcaje de los pisos vacíos, de marcaje de esos pisos para mostrar que eso pasa en nuestros bloques, en nuestro sbarrios, en nuestras ciudades y a la vez poder indicar ese mapeo de cuáles son los pisos, así por un lado presionar para aplicar normativa vigente y por otro lado, seguir generando presión colectiva que garantice nuestro derecho a la vivienda.

En este marco, si el PP nos ha tumbado la ILP y tiene mayoría absoluta, alguien dijo “por qué no lo rompemos por abajo”. Es decir en los casos de expropiación, el TC ha parado temporalmente esta ley para que esas personas no se queden en la calle, ahí es donde se empieza a pensar una campaña que pretende frenar la expropiación de pisos de gente y pensar en la expropiación de pisos a bancos en la línea de lo que se viene aprobando en Navarra y Andalucía. Esto está centrado en la vivienda vacía y en generar procesos de ingobernabilidad.

Finalmente, en la línea de la desobediencia civil, habrá una campaña de escraches en el marco de las elecciones europeas. También, pese a que seguirá activa la herramienta de negociación colectiva, se continuará con la ocupación pacífica de entidades para presionar dado que son justamente las entidades bancarias quienes pueden también dar hoy una solución a la situación de emergencia habitacional.

Libros recomendados

• ¡No es justo!, Antonio Rovira, Catarata. 
• Por el derecho a permanecer y pertenecer, Amarela Varela Huerta, Traficantes de Sueños.
• La prisión perpetua en España, Julián Ríos, Gakoa Editorial.
• Sí que es pot!, Ada Colau- Adrià Alemany, Destino Editorial.
• Teoría e historia de la revolución no violenta, Jesús Castañar Perez, Virus Editorial.
• La bestia sin bozal, Gerardo Pisarello - Jaume Assens, Catarata.
• No hi ha drets, Gerardo Pisarello - Jaume Assens, Icaria.
• De los dolores y las penas,  Vizenzo Guagliardo, Traficantes de sueños.
• In-justicia, Santiago Vidal, Angle Editorial.  
• ¿Quién controla a los controladores?,  Carlos González Zorrilla, Base Editorial.
• Repensar la justicia social, François Dubet, Siglo XXI.
• Podemos hacer más, Manuel Atienza, Pasos perdidos.

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