¿Por qué durante los últimos cuarenta años ha cambiado de manera radical la forma en que el Estado se enfrenta a las conductas delictivas? ¿Porqué no hace tanto se discutía sobre la resocialización de los delincuentes y hoy se acepta el discurso oficial que prima penas privativas de libertad cada vez más duras? ¿Es posible conjugar la independencia de los jueces con el necesario control democrático de su actividad? ¿Cuáles son las claves fundamentales para determinar la legitimidad democrática del poder de “decir la ley” de cada juez? Este libro se plantea esas preguntas y otras muchas preguntas e intenta reflexionar sobre tales problemas con la intención de fomentar un debate que contribuya a ensanchar los límites de la participación democrática y nos aleje de eslóganes fáciles que encubren la realidad de un control oscuro que se limita a reprimir al diferente, al excluido, dejando de lado los crímenes de los poderosos entre los que se encuentran los propios Estados.

¿Quién controla a los jueces? ¿Quién controla a la policía judicial? En definitiva, ¿quién fiscaliza la máquina de control social del Estado? El magistrado Carlos González, con una larga y meritoria trayectoria profesional, nos ofrece una didáctica y contundente síntesis sobre la situación actual de estas dos fuerzas institucionales, dos fuerzas que poseen una capacidad de actuación inmediata sobre la sociedad, pero que escapan a su control. El autor nos explica cómo actúan estos poderes, sus contradicciones y deficiencias, y cómo afectan a la ciudadanía. Asimismo, nos explica el papel a cumplir por los ciudadanos en su control democrático, entre otros muchos temas que, por fin, aparecen expuestos de manera clara y comprensible al lector, entre ellos, el de la independencia judicial y la legitimidad democrática.