La pobreza crece y afecta intensamente a sectores de la población que en décadas anteriores se creían a salvo de las penurias económicas. Mientras la precariedad se extiende, las capas más vulnerables de la sociedad ven sus condiciones de vida intensamente deterioradas por la desaparición de las redes institucionales que, hasta hace muy poco, les daban un mínimo apoyo.

No se trata de recortes. Un nuevo modelo de gestión de la marginalidad se está construyendo y justificando gracias a la crisis económica que padecemos. Un modelo basado en la sustitución de las ayudas públicas por filantropía privada, en la imposición de una sospecha permanente de fraude sobre los perceptores de prestaciones oficiales, y en el uso del sistema penal como herramienta de sumisión de la marginalidad.